Julio Solís Moreira
02/02/12
Publicado en el Diario Digital Nuestro País
“Amparando” a una persona, la Sala IV ha tomado la decisión de integrar a la Fuerza Pública en la persecución del supuesto “negocio ilegal” de las ventas ambulantes.
Este acontecimiento que parece muy particular, refleja la
existencia de una justicia para unos
pocos, por sobre los derechos y accesos sociales de quienes son expulsados
sin más -y sin mucha razón-; aquellos que son proscritos por el “orden” al no
adecuarse a la estrategia de estetización del espacio público y la libertad de
tránsito en los bulevares josefinos, acciones que no buscan responder al
problema, sino que ocultan una realidad, la exclusión.
Decisiones como las de la Sala IV, olvidan un hecho, que parte significativa
de la población que vive en Costa Rica se integra al mercado de trabajo de
manera informal y precaria. Según la
OIT al 2011 en Costa Rica, un 34% de la población masculina y un 30,4% de la
población femenina son empleadas en el sector informal, esto incluyendo también
población migrante.
Los trabajadores del sector informal fluctúan entre un tercio y la
mitad de la población empleada América Latina[1], lo que los convierte en un estrato laboral
más grande de la región.
Así lo reafirma el Panorama Laboral de la OIT del 2011 cuando
expone como:
“[…] uno de cada tres ocupados en la
región son trabajadores por cuenta propia y auxiliares. La mayoría de estos se
desempeña en actividades del sector informal, en condiciones de precariedad
laboral, desprotección social y con baja productividad e ingresos.” (p.14)
Si bien los vendedores ambulantes son solo una parte de esas
estadísticas, reflejan un aspecto cualitativo a tener en cuenta, la incertidumbre
que viven grandes sectores de la población urbana que sobreviven mediante el
trabajo no reglamentado y en actividades de subsistencia (al día), sin la
cobertura de muchos servicios vitales (salud, alimentación, vivienda digna,
entre muchos otros).
Así, en el caso del casco urbano de la ciudad de San José, las
ventas y los vendedores ambulantes son una manifestación clara de los
indicadores de informalidad. El sector informal termina siendo una desprotección social, un espacio inseguro
para las personas que trabajan bajo condiciones de vulnerabilidad. Es ese
sentido, habría de preguntarse ¿cuál titularidad constitucional responde ante
este grupo de personas?
Más que encontrar una respuesta clara ante lo anterior, se observa
como la decisión de la Sala IV distorsiona el concepto de ciudad, no hacia un
espacio accesible, inclusivo y de convivencia, sino hacia uno regulado por el
orden y la fuerza pública. Lo anterior significa que se pierde la esperanza de
generar bienestar para la ciudadanía -en general-, y se opta por la simple
criminalización de unos (que son muchos) en favor de ciertos estratos.
Referencias:
Portes, A., y Hofmann, K. (2003). Las estructuras de clases en
América Latina. Composición y cambios durante la época neoliberal. Serie
Políticas sociales (N.68).
OIT. (2011). Panorama Laboral 2011. Ginebra: Organización
Internacional del Trabajo.
[1] En ese sentido, Portes y Hoffman (2003, p. 18-19), evidencian
como en América Latina, el peso del sector informal es fundamental, reflejo de
un proceso de pauperización de la relación capital-trabajo. Así por ejemplo,
las microempresas, emplean entre un 65% y un 80% de trabajadores a los que no
se les paga, ni la cobertura médica, ni el seguro social.
